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La rescisión formal con Arssa repercute en la Legislatura
09.02.2018
La rescisión formal con Arssa repercute en la Legislatura
La provincia publicó el decreto de desvinculación con la empresa "sin culpas para las partes". La oposición habla de incumplimientos
Con un suspicaz "acá no ha pasado; nada te debo, nada me debes", la oposición recibió el decreto del gobernador Miguel Lifchitz formalizando la rescisión consensuada con Arssa, la que fuera la concesionaria de la autopista Rosario-Santa Fe que, pese a haber cobrado peajes sin solución de continuidad no hizo prácticamente ninguna de las obras a que estaba comprometida. Principalmente el reasfaltado de la traza.
El tercer gobierno socialista -sin explicación, lo que alimenta perniciosos rumores- no hizo valer las garantías. Es decir, no le exigió a la empresa los 1.500 millones de pesos que Arssa debía haberle pagado por sus incumplimientos, según la cifra que hiciera pública el diputado Héctor Cavallero.
"Déjese establecido que la extinción de común acuerdo es sin culpas para las partes. No existen derechos pendientes para ninguna de las partes sobre las cuestiones involucradas en la relación contractual que se extingue", dice el decreto 90/18 del gobernador con el que cierra el proceso que él mismo iniciara cuando en 2016 decidió interrumpir el contrato a mitad del período de la concesión ante el hecho de que Arssa sólo había reasfaltado 30 kilómetros cuando debió haber tenido para entonces todo el corredor.
Pero la decisión del gobernador de que fuera la provincia la que rescindiera el contrato, pese a las dudas que Fiscalía de Estado expusiera en su momento, terminaría liberando a la empresa de tener que pagar sus garantías, a las que se había comprometido. Ello enardeció a los legisladores que desde entonces han venido denunciando la falta de explicaciones claras de parte del gobierno sobre las razones de la decisión.
El pronunciamiento del fiscal de Estado llevó al Ejecutivo a revisión del proceso para lo que contrató estudios jurídico y de ingenieros cuyos dictámenes, se dice, sustentan el decreto que 90 que lleva fecha del 1º de febrero, aunque se conoció en las últimas horas.
Ayer, la diputada justicialista Patricia Chialvo dijo que "pese a tratarse de un final anunciado" la resolución del gobernador "no deja de sorprender. Ni el gobierno ni las concesionarias van ser investigadas por todo este proceso", dijo. Y durante a sesión pidió que el Ejecutivo remita al cuerpo "los informes que respaldan el decreto del gobernador".
Durante cinco años -de los diez que debía durar la concesión- en que Arssa administró el corredor debió reasfaltarla íntegramente y apenas hizo un 24 por ciento pese a que aumentó el costo de peajes en ese tiempo en un promedio el 460 por ciento. Pese a estos aumentos, Arssa argumentó que la recaudación le resultaba insuficiente para encarar los trabajos a los que contractualmente se había obligado.
"Lo que sorprende -subrayó Chialvo- es que el conflicto se inicia cuando el propio Ejecutivo dice que la empresa no cumple y por lo tanto la provincia tendría que hacerse cargo de pagar la repavimentación, pese a que ya la había pagado con semejante aumento de las tarifas de peajes. Ahora, que digan que ni uno ni otro tiene ninguna responsabilidad es increíble y nos lleva a pedir los informes técnicos en que se base eso".
La polémica sostenida desde 2016 en la Legislatura buscó, sin éxito porque el oficialismo no lo permitió, interpelar al ministro de Infraestructura, José Garibay, en cuya órbita funciona además un ente que debió controlar el funcionamiento de la concesión.
Los estudios jurídico y de ingeniería contratados han dictaminado aconsejando la solución que finalmente el gobernador plasmó en su decreto luego que el fiscal de Estado, Pablo Saccone, también avalara tales opiniones.
 
 
Fuente: Sin Mordaza - LC
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