El Congreso se apresta a tratar una vez más el Presupuesto Nacional. Más allá de cierta superficialidad que significa aprobar el dibujo de un cuadro de gastos que, a su vez, puede ser alterado casi sin limitaciones por el ejecutivo, tal vez sea propicia la oportunidad para mirar el lado del haber de las planillas: Los recursos tributarios. Y su distribución con las provincias que hoy en día anda -aproximadamente- en la siguiente proporción. Nación: 3/4. Provincias: 1/4.
En 1934, bajo el gobierno del General Justo, se decidió que los impuestos fueran recaudados por la Nación y distribuidos por la misma Nación entre las provincias, tratando de favorecer a las más necesitadas. El fundamento era bueno, pero ya había por detrás una vocación unitaria. Se trataba de restar autonomía a las provincias, haciéndolas depender de una caja instalada en Buenos Aires.
Tal como funciona hoy, el sistema sirve para hacer más poderosa a la Nación y más débiles a todas las provincias, sin excepción. Esto se ha agravado en las últimas dos décadas: La concentración de recursos impositivos permite el financiamiento de la hegemonía y la subordinación de los gobiernos locales.
La drástica reducción de las transferencias automáticas comenzó en la década del 90, al mismo tiempo que –en un movimiento contradictorio—se traspasaba a las provincias las escuelas, los hospitales y los servicios de agua y obras sanitarias. En los últimos cuarenta años ha habido dos momentos históricos en que las proporciones se alteraron sustancialmente: 1976-1983 y desde 2002 a la fecha. Pero esto no fue siempre así. Durante el último gobierno inspirado y conducido por el general Perón (1973, 1974, 1975) e incluso durante el gobierno del Dr. Alfonsín (1984/1989), las proporciones respetaban una igualdad en la distribución.
Teniendo en cuenta las dificultades financieras por las que atraviesan las provincias argentinas, que las ha obligado a crear nuevos tributos o elevar los existentes, con real perjuicio para sus contribuyentes, quienes pasivamente han visto incrementada su carga fiscal sin una comprobable contrapartida de obras y servicios, ¿No sería oportuno comenzar a revisar esta lógica de co-participación de impuestos?
En 1994, los constituyentes decidieron que –previo un acuerdo entre provincias—el Congreso debía sancionar una nueva ley de coparticipación, justa y eficiente, antes del 31 de diciembre de 1996. Es cierto que la Constitución puso demasiados requisitos, algunos de los cuales pueden ser contradictorios. Pero también es cierto que no se ha hecho nada para buscar un común denominador, identificar las áreas de consenso y mejorar la distribución existente. Por el contrario, es notorio que ha habido (y sigue habiendo) ausencia de voluntad de cumplir la Constitución, lo que le ha permitido al estado nacional aprovechar cualquier pretexto -desde el Tequila hasta la crisis post-convertibilidad- para ir quedándose con la parte del león y someter financieramente a la provincias.
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Todas las Provincias
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